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Radicales Libres – Análisis y Opinión
Radicales Libres – Análisis y Opinión

Categoría: Opinión

La inaceptable violencia de los denominados CDR

Escrito el 21 octubre, 201921 octubre, 2019

Los denominados CDR (comité de defensa de la república .., que república se preguntan muchos?) han sembrado la bella ciudad de Barcelona en un verdadero caos hasta el punto de que la mayoría de los ciudadanos de la ciudad condal están hartos, cansados e incluso muchos asustados del aspecto de la ciudad que en muchas calles recuerda una zona de guerra, pero no, no estamos en Siria ni mucho menos, estamos en una de las ciudades mas importantes de España donde se ha consentido tanto que estas son las consecuencias sin duda alguna.

 

En declaraciones a la web euronews muchos ciudadanos muestran su preocupación, «Esto es un subproducto. Violento. Incontrolado. O vaya usted a saber, controlado por quién?…. pero no nos representan a nadie. Ni a la mayoría de los catalanes. Piensen como piensen. Constitucionalistas o independentistas», afirmaba un ciudadano que vio como su coche fue incendiado por los CDR.

 

«(Me siento) muy insegura. Muy enfadada y muy decepcionada. Lo encuentro una cosa totalmente gratuita», explicaba otra vecina de Barcelona, otra joven comentaba que «Hay una crispación que se tiene que canalizar. El problema de la violencia que ahora vemos en las calles, si lo podemos catalogar de violencia, no es el contenedor quemado, no es el coche quemado. El problema es la violencia que hay detrás desde hace años… Cuando tú no permites, que una ideología, una idea política, tenga representación, están coartando sus derechos humanos, al final, la representación tiene que ser viable, no solo que tengas tú unos representantes políticos en un parlamento, sino que puedan ejercer el mandato por el que han sido votados», sentenciaba, desde luego que todo esto tal vez hubiera tenido otra vertiente si desde el gobierno de la Generalidad de Cataluña no se hubiera alentado a estos violentos a lo que hay que unir la evidente pasividad de la policía autónoma catalana, lo Mozos de Escuadra.

 

 

Todos estos incidentes hacen que un policía esté muy grave, que algunos manifestantes hayan perdido un ojo e incluso algunos testículos y todo por una sentencia, la de los políticos encarcelados por saltarse la ley, una sentencia que en su gran mayoría los que se manifiestan no se han leído, que no saben porque fueron procesados, que no saben porque han sido encarcelados pero que todos o en su gran mayoría están influenciados en parte por una televisión autonómica que debería de ser de servicio para todos los ciudadanos de Cataluña pero que está controlada por los partidos independentistas y que son una maquina de crear jóvenes que sin tener ni idea de política solo tiene claro una cosa, el estado Español les lleva años robando.

 

 

Las consecuencias se verán a lo largo de los próximos meses ya que los turistas dejaran de ir a Barcelona, otras muchas empresas se irán de Cataluña a otras ciudades de España y se perderán muchas futuras inversiones pero parece que eso importa poco o nada, lo importante es seguir en esa idea absurda que nunca se llevará a cabo de una república catalana que ni ha existido jamas ni existirá. Cuando habrá un partido con el valor de cerrar la Tv3, devolver las competencias de educación al estado y disolverá el cuerpo de policía de los Mozos al servicio solo de menos de la mitad de los catalanes?.

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El trilema de Podemos

Escrito el 3 julio, 201724 octubre, 2019

“Al amigo, camarada y maestro Manolo Monereo, siempre en la lucha.”

 

Podemos se encuentra ante un triple dilema en el nuevo escenario político que se ha abierto tras la llegada a la Secretaria General de Pedro Sánchez y ante la convocatoria del referéndum unilateral de independencia por parte de la Generalitat para el próximo septiembre u octubre de este año. Podemos se enfrenta al dilema de su relación con el PSOE donde se disputa la hegemonía en la izquierda, de su posición frente a la cuestión nacional y de sus problemas de organización y programa. La resolución de estos tres dilemas, o su fracaso, marcaran el futuro de la formación morada y de la izquierda radical en España. Analicémoslos uno a uno.

 

  1. Frente a la cuestión nacional Podemos ha tenido un mensaje que le ha sido dificultoso colocar en el electorado. Mientras en 2015 se dirimían unas elecciones autonómicas “plebiscitarias” en la que todos los partidos se posicionaban entre el “sí” y el “no” a la independencia, Catalunya Si que es Pot (ICV, Podem, EUIA, etc.) lanzaba un mensaje lleno de ambigüedades y silencios sonoros, que provocó un resultado decepcionante. Se ha hecho hincapié en querer un referéndum para poder ejercer el “derecho a decidir” (eufemismo que significa “derecho de autodeterminación”), pero más allá de fórmulas vagas sobre la “Plurinacionalidad” no se ha realizado ninguna propuesta sobre qué se ofrecerá a los catalanes para que se queden.

 

Esta ambigüedad tiene un recorrido corto. Los famosos “significantes vacíos” no son válidos cuando las opciones se reducen a respuestas binarias. Hay que mojarse. Este debate ha sido demasiadas veces aplazado dentro de Unidos Podemos, atados en la dinámica de intentar contentar a independentistas y nacionalistas a la vez que se contenta a los federalistas y unionistas, cuestión que será imposible llegado a un punto de no retorno donde una no decantación por alguna opción podrá arrastrar a perder a los dos electorados. Para añadir más confusión Podem Cataluña ha decidido apoyar el referéndum unilateral en contra de la posición de Podemos a nivel Estatal y de los Comunes de Colau (que quieren un referéndum con garantías y pactado), lo que lleva a contradicciones muy graves en el seno de la izquierda radical. Podem a fin de cuentas está dirigido por Revolta, un grupo similar a IA en el resto del Estado, que tiene su agenda propia más cercana a la CUP que a los federalistas, que actúa con espíritu de marginalidad y de grupúsculo. La dirección de Albano, aunque él está en contra de la independencia, desconoce que la mayor parte del voto que recibe la confluencia catalana proviene del sector más obrerista, federalista, autonomista, charnego, etc., de Cataluña, donde los independentistas son minorías. La gran fuerza de la posición de Podemos en Cataluña es que parecía que podía resolver el problema nacional uniéndolo a la cuestión social y democrática y no entregándose a las posiciones más cercanas a ERC, gran beneficiaria de este proceso, y del PDECAT, gran perdedor de este proceso.

 

La fuerza de la posición de Podemos en Cataluña es que parecía que podía resolver el problema nacional uniéndolo a la cuestión social y democrática y no entregándose a las posiciones más cercanas a ERC, gran beneficiaria de este proceso, y del PDECAT, gran perdedor de este proceso.

 

Sin un mensaje claro, sin un proyecto federal plurinacional, sin una propuesta acompañada de una gran pedagogía, Podemos puede perder numerosos votos ya sea en el interior de Cataluña y/o en el resto del Estado, alejándolo de cualquier posibilidad de ser hegemónico en la izquierda. Vamos a un choque de trenes entre el Estado central y la Generalitat, choque buscado por el PP y los independentistas, y si se produce y no estamos preparados la agenda social saltará por la ventana y quedaremos reducidos a un debate identitario donde la izquierda tiene las de perder. No sólo es necesario tener una Secretaria de Plurinacionalidad sino que hay que saber qué hacer con ella y dotarla de contenido que por ahora está ausente.

 

  1. Respecto al dilema de la relación con el PSOE, Unidos Podemos está reviviendo debates de la época de Anguita, y los miedos a ser subalternos en este proceso de “nueva Transición” que está viviendo el país. Creo sinceramente que no se ha hecho un análisis serio de lo que ha significado la victoria de Pedro Sánchez, aupado por una mayoría de la militancia frente al aparato. Se han hecho muchos análisis que buscan la “profecía autocumplida” de que todo es un timo y de que el PSOE sigue igual que hace unos meses.

 

Como en ningún proceso de cambio se produce una renovación completa de una organización, sino un proceso dialéctico entre lo viejo y lo nuevo, habrá que observar qué significa el nuevo PSOE  y qué deudas del pasado arrastra. Pero eso no se verá a corto plazo, habrá que estar atentos a la dirección que coja la nueva Ejecutiva socialista y a las numerosas contradicciones a las que se enfrenta.

 

Sin embargo, podemos señalar una serie de novedades que son interesantes y que marcarán probablemente el futuro del PSOE: La derrota del aparato apoyado por la vieja plana del PSOE es una novedad que no ocurre desde Borrell. La gran movilización de la militancia a favor de Sánchez y contra el aparato es otra novedad, y más teniendo en cuenta de que una parte no menor de la movilización es un “sí” crítico a Sánchez, que puede retirarle el apoyo si este se escora hacia la derecha o se pega demasiado al aparato. De hecho, Sánchez tendrá un juego complejo entre tener que pactar con una parte del Aparato del partido, que tiene conexiones con el poder real en España, y de mantener el apoyo de las Bases que lo auparon, si pierde el apoyo de las últimas Sánchez caerá  ya que “Roma no paga a traidores” y el Aparato le ajustará las cuentas. Otro factor es la renovación, por lo menos parcial, tanto del proyecto socialdemócrata, con todas sus contradicciones, como la llegada de viejos y nuevos dirigentes del ala izquierda a la Ejecutiva (como Borrell, Narbona o Perelló) desplazando la mediocridad del zapaterismo o a los dirigentes derechizados del felipismo.

 

Sánchez tendrá un juego complejo entre tener que pactar con una parte del Aparato del partido, que tiene conexiones con el poder real en España, y de mantener el apoyo de las Bases que lo auparon, si pierde el apoyo de las últimas Sánchez caerá  ya que “Roma no paga a traidores” y el Aparato le ajustará las cuentas.

 

Estas novedades creo que dificultan la posibilidad de que Sánchez se vea tentado a jugar un papel a lo Craxi en nuestro país, lo que le va a obligar a ir más lejos de lo que el Aparato del PSOE está dispuesto a aceptar. Aunque Sánchez no es Corbyn, ni de lejos, tiene la legitimidad tanto en el partido como en la sociedad por ser una de esas figuras que es maltratada que luego vuelve a lo Conde de Montecristo para vengarse. Esta legitimidad de mártir de la izquierda, sea real o imaginaria, le impide ser atacado de forma directa sin recibir una reprobación de la gente como hace que se le perdonen “los pecados” anteriores.

 

Sánchez está jugando bien sus cartas, por un lado mantiene cierta equidistancia entre C´S y Podemos, de manera que  no se entrega a Iglesias sabiendo que los dos son competidores por la hegemonía de la izquierda, y juega un papel de “outsider” mientras sus oponentes están enfangados en la política parlamentaria que le puede resultar muy beneficioso. Ha hecho otra jugada muy inteligente que ha sido reunirse con las dos grandes centrales sindicales (CCOO y UGT) para establecer una alianza, centrales que estaban hace unos meses dispuestas a pactar con Unidos Podemos ante la deriva de la Gestora del PSOE y que Unidos Podemos no ha sabido aprovechar.

 

Hegemonía de la izquierda

 

En el panorama actual hay una lucha explicitada por la hegemonía de la izquierda en este país, y aunque Podemos ha jugado en la última reunión bien sus cartas ya que ha mostrado voluntad de acuerdo, se le puede volver en contra si no sabe gestionar bien los tiempos, si no logra construir un buen proyecto de país y logra que quede explicitado la voluntad de ir a un frente común con el PSOE para derribar al PP y conformar un gobierno de progreso. El sorpasso es muy complicado que se dé en las circunstancias actuales, donde el PSOE repunta y recupera parte de su electorado y donde su Secretario General aparece como nuevo. Sólo se podría dar en el caso de realizar una política inteligente y de hilar fino en el Parlamento, demostrando la voluntad de pactar y pactando cuestiones comunes, mientras se fortalece la organización, se interlocuta con los sindicatos, se restablecen líneas de comunicación con los movimientos sociales y se construye un programa y un proyecto de país. Los grandes trasvases de votos desde el PSOE a Podemos, salvo giro inexplicado de la nueva dirección, se han acabado, el gran campo casi inexplorado que tiene Unidos Podemos ahora no es pelearse “por un  puñado de votos” que vengan de los socialistas, sino trabajar en la parte de la población que está excluida de la política y no se siente representada, así como en los nuevos votantes y abstencionistas. Si la lucha entre los dos partidos es demasiado explícita puede acabar abocando a muchos años de gobierno conservador en España.

 

  1. El último dilema de Podemos es organizativo. Podemos es un partido aluvión, donde mucha gente se ilusionó en un comienzo pero ha ido abandonando el partido al ser muy centralista. Los choques entre las diversas familias, los giros inexplicados, etc., han llevado a una bajada constante de la participación en los procesos internos de Podemos lo que debería de llevar a una reflexión que no se ha realizado por parte de la Ejecutiva actual. Es necesario descentralizar efectivamente Podemos y repartir el poder para que este no resida en su mayoría en cargos orgánicos y públicos, ya que condena a la organización a ser el “partido de notables” que describía Weber, y a tener una escasa implantación en el conjunto de la sociedad que puede amenazar con quebrar el partido con un par de reveses electorales. Hay que pasar a una militancia más clásica y menos basada en el clickactivismo y las redes sociales (aunque estas no hay que abandonarlas si hay que complementarlas con procedimientos más clásicos).

 

Podemos logrará recuperar parte de los desilusionados con el partido cuando este poder se reparta, cuando haya un discurso coherente y un programa realizable desgranado en medidas que den esperanza a muchas personas que vieron con simpatía la aparición de la formación morada. Hacen falta menos estridencias y más propuestas, más seriedad y rigurosidad, no puede ser, por ejemplo, que Podemos no tenga un modelo laboral alternativo más allá de querer eliminar las dos contrarreformas laborales del PSOE y del PP, necesita ser más radical (de ir a la raíz) en estos asuntos. La radicalidad no puede estar centrada en lo discursivo mientras se es profundamente conservador en lo programático, la fórmula ganadora es al revés, radical en lo programático y moderado en lo discursivo.

 

Es necesario construir un Podemos más fuerte, más descentralizado, más democrático, con un proyecto sólido y enraizado en la sociedad, para que sea un partido útil para una mayoría social, un partido, por consiguiente, que pueda impulsar la transformación social que necesita este país.

 

Podemos necesita coordinar los territorios de mejor manera, saliendo de la lógica de la competitividad neoliberal en los procesos internos, para intentar salir reforzados de los procesos internos asumiendo a las listas derrotadas como unos compañeros que tienen que aportar. Hay que recuperar a miles de personas que vinieron a Podemos sin pedir nada a cambio a trabajar de forma desinteresada por el cambio social, no nos sobran estos nos sobran los oportunistas que se han colado. De hecho, Podemos debe de solventar los graves problemas surgidos en Cataluña y Galicia, donde las últimas decisiones que se han tomado en las confluencias han dejado fuera de la Ejecutiva de En Marea a Podemos y a IU en Galicia, y de la confluencia a Podem en Cataluña, donde Madrid ha intentado introducir a Podem directamente bajo el ala de Colau desdibujando el proyecto  con vocación estatal.

 

La dirección de Podemos debe de ser más plural. No se puede aspirar a gobernar un país con un pequeño grupo de personas, por muy válidos que sean. Es necesario integrar a distintas sensibilidades dentro de nuestra Ejecutiva. Sobre todos aquellos/as que puedan aportar en aspectos significativos dentro de la organización (por ejemplo los que provienen de los sindicatos) y construir una Ejecutiva inclusiva en vez de excluyente. No se puede fiar todo a la suerte de que el Secretario General y su equipo acierten siempre, porque si fracasan se hunde el proyecto con ellos.

 

Es necesario construir un Podemos más fuerte, más descentralizado, más democrático, con un proyecto sólido y enraizado en la sociedad, para que sea un partido útil para una mayoría social, un partido, por consiguiente, que pueda impulsar la transformación social que necesita este país. No nos equivoquemos compañeros y compañeras, no tendremos otra oportunidad.

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La victoria de Sánchez abre la posibilidad de desalojar a Rajoy

Escrito el 26 mayo, 201718 octubre, 2019

Para sorpresa de propios y ajenos, Sánchez ha ganado las primarias del PSOE con una cómoda ventaja sobre Susana Díaz de un poco más de un 10% de votos y 14.836 votos, sumando incluso unos pocos centenares de votos más que la suma de Patxi y Susana juntos. Esto supone una derrota severa del aparato del PSOE, que se volcó en su gran mayoría (salvo alguna CCAA menor y Cataluña) con Susana Díaz, de las viejas glorias (Felipe, Zapatero, Rubalcaba, etc.), de los poderes mediáticos y del IBEX35, que no le perdonaron a Sánchez que les traicionase y no quisiese abstenerse para dar el Gobierno a Rajoy ,tratando de explorar una vía alternativa de Gobierno tras el 26J. El primer susto se lo llevaron con los avales, donde Susana esperaba arrasar con la presión que podía ejercer el aparato sobre los militantes, que no acabó saliendo bien.

 

La estrategia de presentar a Patxi como “tapado” para restar votos de militantes y apoyos orgánicos a Sánchez acabó por salir mal, ya que restó mucho más voto a Susana. Y la estrategia de alargar el Congreso y gobernar con la Gestora para sostener a Rajoy en el poder, mientras se esperaba que Sánchez se acabase de desinflar, terminó en otro desastre al dar tiempo a Sánchez a recoger el descontento del partido contra su aparato a lo largo de estos meses, mientras la Gestora se quemaba en el proceso. Esto significa que a pesar del poder del aparato, éste no siempre gana (ya perdió contra Borrell también).

 

 

De hecho, el PSOE ha dado una lección democrática al resto de partidos, a pesar del atávico y antidemocrático sistema de avales. Siguiendo el modelo clásico de voto en urna, y de voto en un sólo día, logró un porcentaje de participación alto (casi votaron 150.000 militantes de unos 180.000 censados) que benefició a Sánchez. Además, éste ha ganado en todas las CCAA menos en Andalucía (Susana) y el País Vasco (Patxi), con lo que su apoyo está distribuido por todo el país.

 

Como novedad, en este proceso se ha producido un escoramiento hacia la izquierda de numerosos militantes sanchistas, como del propio Sánchez, que ha sustituido a su anterior equipo social-liberal (que lo traicionó) por dirigentes socialdemócratas (muchos venidos de IS, viejos guerristas, etc.). Una de las claves es que es la primera vez, desde la época de Felipe contra Guerra, donde dentro del partido se discute de política y las propuestas de una de las candidaturas han marcado el debate. Esto significa que en este proceso en el que muchos militantes del PSOE han participado y se han escorado a posiciones más a la izquierda supone un contrapeso al aparato (que no está muerto) y son el apoyo del nuevo Secretario General, pero, a su vez, son también quienes van a estar vigilantes con que el Secretario General cumpla, lo que pone límites a los acuerdos que pueda tener con el aparato. Aún así, hay que recordar que el aparato no está muerto, aunque Susana probablemente sí, intentarán moderar lo que pueda hacer Sánchez en el Congreso, y si éste va muy lejos intentarán hacerle la vida imposible como a Corbyn (aunque dudo de que lo haga el grupo parlamentario, ya que no tenemos esa tradición en España).

 

Equipo socialdemócrata

 

Lo importante aquí no es tanto el pasado de Sánchez, o lo que hiciese cuando fue Secretario General y estaba maniatado por el Comité Federal (que en el fondo buscaba que se quemase dando el Gobierno a Rajoy), lo importante es que se ha visto obligado por las circunstancias a asumir un papel más a la izquierda, más cercano a la socialdemocracia clásica y con un equipo de veteranos socialdemócratas a su alrededor. Esa es la novedad, ya que colisiona directamente con los intereses de Felipe González, de la UE y del Establishment, y va a obligar al nuevo Secretario General a responder a las grandes contradicciones entre lo que se hace en la UE, política neoliberal, y la política en España. Va a tener que elegir si no quiere acabar siguiendo la deriva del resto de la socialdemocracia europea devenida en social-liberal. Pensar que una persona no puede cambiar de opinión y de posición política hacia una más progresista es olvidar lo que le pasó a Mario Soares en su vejez, al ex-Secretario General de AP (Vestrynge) o a Largo Caballero (que pasó de moderado colaborador con la Dictadura de Primo de Rivera, a Ministro de Trabajo en la República y acabó como “el Lenin español”), sin querer comparar a Sánchez con la trayectoria de estos tres ejemplos.

 

En el fondo, no se puede “educar” a votantes y militantes durante 30 años en que el enemigo es el PP y luego justificar la abstención para dejar gobernar al PP con Rajoy el “recortador” como presidente. A Sánchez lo convirtieron en un mártir de la “izquierda” al deponerlo, para darle el Gobierno regalado al PP sin contrapartidas. Eso iba a tener un coste y lo ha tenido.

PSOE y UP son dos proyectos autónomos condenados a entenderse si se quiere cambiar el Gobierno y la vida de los ciudadanos y ciudadanas a mejor.

En el plano externo, la victoria de Sánchez abre la posibilidad de desalojar a Rajoy antes de que acabe la legislatura y abre un panorama parecido al de Portugal, donde se pueda formar un “gobierno de progreso”, cerrando (de momento) la “gran coalición en diferido” a la española, que representaba Susana. Esto puede provocar una moderación de la austeridad en nuestro país y la recuperación de parte del terreno perdido si ese Gobierno “progresista” se llega a materializar, donde se podría construir un flanco Sur dentro de la UE contra la austeridad (Portugal, Grecia y España) que dependerá de la correlación de fuerzas y cómo estén los diversos países de la UE podrá ser viable o no.

 

En cualquier caso, esto va a suponer una mayor inestabilidad en el gobierno de Rajoy, el cuál va a necesitar “encajar” los apoyos de los nacionalistas (PNV, PdCAT, CC y NC) para poder sustentarse, haciendo un difícil equilibrio con Ciudadanos por un lado, y con “la amenaza independentista catalana” por el otro, que pueden llevar a la parálisis al Gobierno. Este revés amenaza la hoja de ruta de la oligarquía en nuestro país y veremos pronto qué va a hacer para rehacerse del golpe e intentar lograr imponer el programa contrarreformista neoliberal.

 

Es muy posible que la victoria de Sánchez, salvo giros inexplicados posteriores, pueda cerrar el grifo del voto socialista a UP y recupere una parte de los votantes que se pasaron a Podemos. Esto obligará a UP a dejar de esperar (como hizo IU con Cayo Lara) a que los votos vayan a caer sobre su cazo y le va a obligar a recuperar voto de la abstención (junto a la exclusión social), nuevos votantes y votantes desencantados de todo. Seguir empeñado en “pasokizar” al PSOE es un error de bulto importante. Las relaciones con el PSOE deberían de ser un poco más fraternas y menos basadas en la confrontación directa como hasta ahora, por supuesto marcando perfil diferenciado y criticando cuando sea necesario. La línea de que UP va a ser la única “alternativa y oposición de izquierdas” está muerta y mientras antes se acepte mejor. El PSOE también tendrá que aceptar que UP no va a desaparecer y que no va a recuperar la mayor parte del voto perdido, lo que significa que “la casa común de la izquierda” no va a volver y tendrá que hacer el mismo ejercicio que UP. PSOE y UP son dos proyectos autónomos condenados a entenderse si se quiere cambiar el Gobierno y la vida de los ciudadanos y ciudadanas a mejor.

 

No hay que olvidar que esta “recomposición de la izquierda” que se está produciendo en España no está exenta de numerosas contradicciones. El PSOE vivirá en un estado de excepción durante mucho tiempo mientras resuelve las contradicciones que atraviesa la socialdemocracia europea, y que su resolución de una manera o de otra marcará la supervivencia del proyecto socialdemócrata.

The time is changing. Que interesante se ha puesto la política española.

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Una potente y eficaz banca pública: garantía de crecimiento inclusivo

Escrito el 18 abril, 201718 octubre, 2019

La importante presencia de una banca pública rentable y solvente en gran número de países desarrollados (Alemania, Francia, Suecia, Estados Unidos, Italia, Finlandia, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Noruega, etc.) cuestiona la visión ideologizada que ha querido darse en nuestro país sobre las causas que originaron la crisis financiera de algunas Cajas de Ahorros.

 

El estudio de la profesora Adrianova de la universidad inglesa de Leicester (Public Banks and Financial Stability), usando datos del periodo 1995 a 2007, ha llegado a la conclusión que, para países que tienen características similares, un alto grado de propiedad pública de los bancos es una garantía de mayor crecimiento del PIB.

 

No solo los bancos públicos pueden propiciar un mayor crecimiento del PIB, también el comportamiento de los bancos públicos, en situaciones de crisis, puede ser más positivo que el de los bancos privados. Las conclusiones de un estudio realizado por Alfredo Schclarek y Michael Brei sobre el comportamiento de 560 bancos privados y públicos en la crisis financiera[1] son que los bancos públicos:

 

  • Prestan más que el sector bancario privado. Los bancos privados redujeron el crédito, como media, un 5,5%, mientras que los bancos públicos incrementaron sus líneas de crédito en un 9,4%, contrarrestando la caída de crédito privado.
  • Evitan parcialmente que la crisis financiera se extienda a la economía real.
  • Tienen un importante papel en la reconversión de los sectores productivos tras la crisis.
  • El crédito de los bancos públicos es muy importante para que las medidas de política monetaria de reactivación tengan éxito. Como se puso de manifiesto en el caso del nacionalizado Northern Rock en el Reino Unido.
  • Son considerados más seguros por los ahorradores. Debido a que, ante situaciones de crisis, los bancos públicos son más recapitalizables que los bancos privados, ya que los gobiernos tienen más recursos que los banqueros privados, y por ello sufren menos retiradas de depósitos. Los bancos públicos no tienen como único objetivo maximizar sus beneficios, sino también impulsar la actividad económica.

Incluso “The Economist” señaló en 2010 que los bancos fuertes y estables de carácter público de la India, China y Brasil fueron un elemento clave para que esos países sortearan la crisis financiera de 2007 que afectó a las economías desarrolladas del Atlántico Norte. En el Informe del Banco Mundial “Repensando el papel del Estado en las finanzas” se reconoce: “El papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis (…) El positivo papel que han jugado los bancos públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito (…) compensando parcialmente la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados”.

 

Los bancos fuertes y estables de carácter público de la India, China y Brasil fueron un elemento clave para que esos países sortearan la crisis financiera de 2007 que afectó a las economías desarrolladas del Atlántico Norte.

El porcentaje de la participación del Estado en el sistema financiero en los países desarrollados como consecuencia de la crisis, según el propio Banco Mundial, ha pasado del 6,7% en el periodo 2000-2007 al 8% en los años 2008-2010.

 

Una banca pública de inversión puede jugar un papel muy relevante, dentro de una moderna política industrial, para lograr la financiación a largo plazo que requiere el cambio de modelo productivo de alta productividad que necesita nuestro país. En un mundo de finanzas globalizadas la productividad a largo plazo depende de la capacidad de captar capitales para fijar conocimiento en ese territorio.

 

La inexistencia en España de instituciones financieras eficaces en la atracción del capital exterior a largo plazo, los grandes bancos privados de nuestro país hoy no cumplen ese papel, hace muy dificil que nuestro país pueda resolver sus actuales insuficiencias productivas, sobre todo en relación con el sector energético y su alta dependencia de combustibles fósiles importados, y con las carencias tecnológicas y de capitalización que tienen importantes sectores abiertos a la competencia internacional.

 

Asimismo, una potente, competitiva, solvente y profesionalizada banca pública minorista que compita en igualdad de condiciones de mercado que la banca privada, como existe en Francia e Italia, podría ser el bypass financiero que permitiera impulsar el flujo de crédito a los hogares y pymes, haciendo que la recuperación de la actividad económica y la creación de empleo sean más robustas.

 

Tras la desaparición de las Cajas de Ahorro se ha acelerado la tendencia de nuestro sistema financiero a la oligopolización. La conformación del sector bancario español como un oligopolio concentrado en muy pocas entidades, en el que las tres principales entidades podrían abarcar en breve el 70% del mercado según sus propios planes, la escasez de crédito y el endurecimiento de los criterios de solvencia aumentan los riesgos de exclusión crediticia para un creciente número de particulares y empresas. Reducir los costes financieros que soportan las pequeñas y medianas empresas mejoraría la competitividad estructural de la economía española. La demanda intermedia de servicios de intermediación financiera (incluidos los seguros y planes de pensiones y los servicios auxiliares) representaba en 2009 el 6,5% del PIB, según las Tablas Input-Output de la economía española.

 

Para que la banca pública pueda realizar estas funciones, y para evitar que puedan surgir casos de corrupción en relación con su utilización partidista, es necesario un correcto diseño institucional, en el que haya suficientes instrumentos de control democrático sobre su gestión y en el que la norma sea la transparencia de sus actividades frente a la sociedad y sus representantes.

 

Una banca pública de inversión puede jugar un papel muy relevante, dentro de una moderna política industrial, para lograr la financiación a largo plazo que requiere el cambio de modelo productivo de alta productividad que necesita nuestro país.

 

Las Cajas de Ahorros no eran bancos públicos.

 

De forma intencionada en muchos casos, por desconocimiento en otros, se ha producido en todo el proceso de crisis bancaria en nuestro país una identificación entre las Cajas de Ahorros y la banca pública, cuando son instituciones radicalmente diferentes en su propiedad y en sus sistemas de gobierno corporativo.

 

Las Cajas de Ahorros en España no tenían participaciones negociables, acciones, que pudieran cotizar en el mercado bursátil y que pudieran disciplinar una gestión incorrecta[2], como sucede con la banca privada, pero tampoco eran propiedad de ninguna administración pública a la que pudieran pedirse responsabilidades políticas por una deficiente gestión.

 

La liberalización financiera iniciada en 1977 supuso situar a las cajas de ahorro en un limbo en cuanto a los derechos de propiedad, definidas como instituciones privadas de carácter fundacional pero sin el régimen jurídico propio de las fundaciones. La regulación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro en los años del boom inmobiliario estaba definida por la Ley 31/1985, aunque la Ley 44/2002 introdujo un cambio en los porcentajes de voto en los órganos de gobierno de las partes interesadas no accionistas, stakeholders en la terminología anglosajona, que tras dicha ley quedaron establecidos en tres grupos: administraciones públicas, clientes-impositores y trabajadores. Dicha Ley dejaba a la concreción de la legislación de las comunidades autónomas los porcentajes definitivos, aunque dentro de unas horquillas: los representantes de las administraciones públicas no debían superar el 50%, la representación de los clientes-impositores debía estar entre el 25 y el 50% y la de los trabajadores entre el 5 y 15%. En la práctica la Ley supuso una reducción del poder de las administraciones públicas en la gestión de las cajas de ahorro, ya que antes superaban el 50% en muchos casos. La representación de las administraciones públicas, no obstante, era plural, ya que debía tener en cuenta el peso de cada partido político en las diferentes administraciones representadas.

 

La deficiente regulación del gobierno de las cajas de ahorros, y el relajamiento de los mecanismos de control interno, agravó hasta límites exagerados un típico problema de agencia. Los gestores de las Cajas, los altos directivos, fueron concentrando cada vez un mayor poder de esas entidades en sus manos, sin ningún control, de forma que finalmente consiguieron imponer sus intereses por encima de los de las propias entidades, hasta poner en cuestión su propia viabilidad. No había accionistas, ni gobierno en el caso de que hubiese sido una banca pública, que defendieran sus intereses frente a los gestores.

 

El caso más extremo de concentración de poder es el volumen de fondos de libre disponibilidad inversora en participaciones estratégicas del que dispuso el expresidente de Cajamadrid, el recién condenado Miguel Blesa. Este señor podía decidir el destino de este fondo, que llegó a alcanzar los 2.000 millones de euros, un 0,2% del PIB español, sin dar cuenta ni a la comisión ejecutiva, ni al comité de inversiones, ni al consejo de administración. Algo inaudito, ya que en los bancos privados los gestores deben responder a los accionistas y en los bancos públicos al gobierno que les nombra. De esta peligrosa situación era consciente el Banco de España ya en 2006, pero no tomó ninguna medida, algo que finalmente parece que investigaran los tribunales y el Parlamento.

 

 

[1] Public bank Lending in Crisis Time. Alfredo Schclarek (University of Cordoba, Argentina) y Michael Brei (Univertity Paris Ouest, Francia). Mayo 2011.

[2] El gobierno de las cajas de ahorro españolas. Valentín Azofra y Marcos Santamaría. Universia Business Review. Segundo Trimestre 2004.

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Eurocrédulos

Escrito el 22 febrero, 201718 octubre, 2019

Desde el inicio de la actual crisis, es innegable que la popularidad de la Unión Europea (UE) entre los ciudadanos de nuestro país ha empeorado[1]. Sin embargo, gracias a la infatigable labor de medios de comunicación, políticos y empresas, se sigue manteniendo un sesgo marcadamente favorable a esta institución en el seno de ese imaginario colectivo al que llamamos opinión pública. De ahí que España continúe siendo, aunque cada vez en menor medida, uno de los miembros más entusiastas de la UE.

De hecho, en nuestra lengua se suele llamar “europeísta” a quien se muestra a favor de la Unión, un término cuyas connotaciones positivas se aprovechan de una burda y deliberada confusión entre Europa y la UE, como si ambas fueran una y la misma cosa. Por el contrario, a quien se atreve a criticar a esta institución, por muy superficialmente que lo haga, inmediatamente se lo tacha de “euroescéptico”, como si no creyera ni en la Unión ni en Europa, como si su crítica sólo fuera destructiva y, por supuesto, como si su posicionamiento fuera radical y extremo, independientemente de que se pronuncie desde la derecha xenófoba, la izquierda anticapitalista o el simple sentido común.

En mi opinión, si quienes critican a la Unión Europea son “euroescépticos”, entonces aquellos que la apoyan deberían llamarse “eurocrédulos”. Y no sólo por simetría semántica, sino por ayudar a desterrar los múltiples fetiches que rodean a una organización que, lejos de ser benéfico guardián de las esencias europeas, es uno de sus principales enemigos.

Centrémonos en el caso español para comprobar estas afirmaciones. En principio, la pertenencia de España a la UE siempre ha sido saludada por los partidos dominantes y los medios mayoritarios como un sueño hecho realidad, como la culminación del legítimo deseo de democracia, paz y prosperidad que el franquismo había negado a este país durante décadas de aislamiento anacrónico y forzado. Según esta percepción, gracias a la incorporación de 1986, España habría conseguido la modernización de su economía y su inserción plena en los mercados europeos, la expansión y mejora de sus infraestructuras y, por fin, la definitiva confirmación de la democracia en el marco del capitalismo. Y todo ello, gracias a la generosidad de nuestros vecinos, que no sólo nos han mostrado el camino hacia la normalización legislativa, política y social, sino que se comprometieron desde el principio con el desarrollo de nuestro país a través de un descomunal flujo de fondos solidarios.

La economía española ha sido condenada básicamente a ser destino turístico, proveedor agropecuario y pesquero limitado y taller de producción de automóviles para la exportación, todo ello convenientemente nutrido con capital extranjero

Lamentablemente, esta versión oficial de la historia es parcial e incompleta. En primer lugar, hay que tener muy en cuenta el papel periférico que la UE ha pretendido dar siempre a España dentro de la estructura productiva del sistema capitalista europeo. La economía española ha sido condenada básicamente a ser destino turístico, proveedor agropecuario y pesquero limitado y taller de producción de automóviles para la exportación, todo ello convenientemente nutrido con capital extranjero. Para ello, el proceso de transformación de España se produjo a costa de una traumática abolición de la protección comercial en los años sesenta y setenta[2] y de un dramático y generalizado desmantelamiento industrial conocido con el infausto nombre de “reconversiones”. Este proceso acabó en los primeros ochenta de raíz con sectores enteros, como los altos hornos, la construcción naval, la minería, la producción de electrodomésticos, y la confección de textil y calzado, entre otros. Esto empobreció enormemente a regiones enteras, aumentando la ya grave desigualdad territorial, y desindustrializó el país a marchas forzadas. Si bien es evidente que esta dinámica no fue exclusiva de España ni de Europa, sino que se dio en buena parte de los países centrales, lo cierto es que la incorporación a la UE sirvió como dinamizador de ese proceso de destrucción industrial y como agravante de la dependencia de la economía del país respecto al exterior.

Esta estrategia ha generado múltiples problemas que han devenido estructurales. Entre ellos, destaca la dificultad para conseguir ritmos competitivos de crecimiento de la productividad, algo directamente relacionado con la naturaleza de la especialización de la economía y no, como tantas veces se argumenta, con problemas formativos o de hábitos laborales de la fuerza de trabajo. Esta situación explica en gran medida el elevado paro crónico que ha caracterizado la economía española y que, no obstante, resulta funcional para mantener tasas de incremento de los salarios suficientemente reducidas como para compensar la debilidad de la productividad y, así, permitir que los costes laborales unitarios sigan una senda relativamente asumible por el capital[3]. Sin embargo, el desempleo no suele ser un fenómeno aislado, sino que casi siempre viene acompañado de una gran precariedad en el trabajo, algo que, en el caso de España, ha sido y sigue siendo especialmente grave, tanto en términos de temporalidad como en porcentaje de contratos a tiempo parcial[4]. La participación en el proceso de desregulación mercantil y financiero que da carta de naturaleza a la UE no solamente no ha servido para atajar esta tendencia de degradación del mercado laboral, sino que ha sido un catalizador de primer orden en su degeneración.

Evidentemente, la deficiente especialización e inserción de la economía española en el mercado europeo tuvo consecuencias en la balanza de pagos. El saldo comercial no dejó de empeorar con la entrada en la UE y, de hecho experimentó una caída abismal a partir de 1997 hasta alcanzar su peor dato histórico justamente diez años después, momento a partir del cual comenzó una rápida mejora debida fundamentalmente a la caída de las importaciones causada por el hundimiento del consumo interno y la disminución del precio del petróleo. Por el contrario, el saldo de servicios continuó la senda positiva iniciada en los años sesenta gracias al incontestable (y afortunado) éxito del turismo, nuestra especialidad.

Por otro lado, y como fácilmente se puede deducir, la inconsciente incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria (UEM) no ha sido sino la continuación de esta misma estrategia a través de otra vía[5]. En efecto, la abolición de la fluctuación de los tipos de cambio como mecanismo de compensación y reequilibrio en situaciones de déficit comercial crónico ha hecho que la economía española se haya visto sometida a enormes presiones deflacionistas internas en forma de represión sobre los salarios como única salida para poder mantener unas mínimas cotas de competitividad. Además, la relativa fortaleza de la moneda común en el marco de la desregulación total del movimiento de capitales, unido al fenómeno inducido de la burbuja inmobiliaria, atrajo enormes flujos crediticios del extranjero, especialmente de bancos franceses y alemanes, que alimentaron estos episodios de euforia financiera. El resultado ha sido catastrófico tanto en términos de crecimiento y paro como, a posteriori, para las cuentas públicas, hasta el punto de que España ha sido directamente intervenida por la troika[6] en términos esencialmente similares, aunque cuantitativamente menos graves, a los de países como Grecia, Irlanda, Portugal o Chipre.

Problemas de la política económica

Los problemas de política económica no se limitan, sin embargo, a la pérdida de soberanía monetaria y cambiaria, como suele indicarse, sino que afectan enormemente a la política fiscal, social y de empleo (y a la industrial, si la hubiera). Por un lado, la gestión tributaria ha estado sometida a los principios neoliberales vigentes en el seno de la UE desde antes de la incorporación en 1986, como muestra la asimilación del IVA en 1985 o las caídas continuas del tipo nominal y efectivo del Impuesto de Sociedades. El resultado ha sido una reducción de la progresividad en paralelo a un aumento de la recaudación por tributación indirecta. Del mismo modo, desde Bruselas, Frankfurt y Washington siguen llegando reiteradas órdenes obligando al gobierno de turno a recortar el salario indirecto y diferido en todas sus formas, ya sea en pensiones de jubilación, prestaciones por desempleo o servicios públicos. Asimismo, la legislación laboral ha sufrido continuas regresiones y los sindicatos, lejos de poder aumentar su fortaleza o consolidar su papel como agente social, se han visto debilitados hasta extremos preocupantes.

Si identificamos el viejo continente con la región del mundo en el que las conquistas obreras han llegado más lejos, donde los derechos laborales, sociales y humanos han echado raíces más profundas, entonces  no podemos evitar concluir que la UE no es Europa, sino lo contrario de Europa

A pesar de todas estas evidencias, los partidarios de la pertenencia de España a la UE siempre suelen enarbolar en su defensa los extraordinarios beneficios que la “solidaridad” europea ha traído a nuestro país en forma de fondos de convergencia, tanto estructurales como, sobre todo, de cohesión. En efecto, es innegable que España ha sido beneficiaria neta en su relación financiera con la UE gracias al multimillonario flujo de transferencias recibidas. Sin embargo, las cifras analizadas con algo más de detalle no parecen tan decisivas como suele darse a entender. En total, según los datos de la balanza de pagos publicados por el Banco de España, nuestro país ha recibido del presupuesto comunitario unos 95.000 millones de euros más de lo que ha aportado a lo largo de los treinta años de pertenencia a la UE. La cifra es la más elevada de toda la Unión en términos absolutos, desde luego, pero no en términos relativos: Irlanda, Grecia y Portugal han obtenido fondos netos equivalentes a un porcentaje mayor de sus respectivos PIB. Además, si consideramos este montante total con más detalle, comprobaremos que raramente ha supuesto más de un 1% del PIB de cada año y que, de hecho, la  media anual hasta 2015 ha sido del 0,44%. Aunque el juicio dependerá de la percepción de cada cual, no da la impresión que esta cuantía, similar al PIB conjunto de Ceuta y Melilla, haya sido tan determinante como para constituir el motor del despegue de la economía española ni tampoco como para justificar la sumisión a los preceptos de la UE.

También es importante añadir que la mayor parte de estos fondos se han dedicado a infraestructuras de ciertos medios de transporte no siempre idóneas para un desarrollo económico equilibrado y sostenible, así como a determinadas ayudas a la agricultura, en cuyo caso han ido a parar mayoritariamente a las grandes explotaciones y no a los pequeños productores.

¿Y qué hay de la tan cacareada “convergencia”? La teoría ortodoxa supone que una de las principales virtudes de los procesos de integración es la tendencia a la equiparación de los ingresos medias de los países participantes. En el caso de España, de hecho, siempre se ha dicho que esta cuestión es una de las más clamorosas evidencias de los beneficios derivados de la pertenencia a la UE. Sin duda, es cierto que, desde 1986, ha habido una cierta aproximación del PIB per cápita español a la media de la UE y de la UEM. Sin embargo, si nos fijamos en los países realmente comparables de nuestro entorno (UE-15 y UEM-12) y si contemplamos las cifras con perspectiva histórica (desde los años setenta, al menos), entonces la situación no parece tan idílica. De hecho, el PIB real per cápita de España en 2015 alcanzó el 75% del promedio de la UE-15 y el 77% del de la UEM-12, cifras exactamente iguales que las de hace cuarenta años[7]. A la luz de este dato, la convergencia ni está, ni se la espera.

Como conclusión, diremos que, aunque nos hemos limitado al caso español, lo cierto es que el deterioro de la idea de la UE es generalizado, no sólo entre los países tradicionalmente más reacios a asumir sus postulados, como el Reino Unido o Dinamarca, sino también entre los más “eurocrédulos”, como España. La razón está en que las características reales del proyecto europeo se han hecho mucho más evidentes a raíz de la crisis.

En primer lugar, es difícil negar que la UE sea un proyecto dirigido fundamentalmente por el capital en favor del capital. Todos los elementos clave del proyecto, como la desregulación, el mercado común, los acuerdos comerciales o la moneda única, están diseñados para favorecer la explotación, la rentabilidad, la valorización y la acumulación, así como la centralización y concentración del capital europeo y su competitividad exterior. Como consecuencia, la UE no responde a las necesidades de la clase trabajadora, puesto que su utilidad para el capital exige una estrategia de ajuste salarial permanente, tolerancia con el paro y creciente precariedad laboral[8]. Coherentemente con esta postura, la UE se posiciona claramente contra la soberanía de los Estados, ya que la lucha del movimiento obrero ha materializado sus conquistas en forma de derechos sociales y laborales dentro del marco estatal y bajo su amparo legislativo gracias a la democracia liberal representativa y al imperio de la ley, estructuras que, aunque limitadas, han permitido avances en este sentido.

El resultado de este proceso es evidente: si identificamos el viejo continente con la región del mundo en el que las conquistas obreras han llegado más lejos, donde los derechos laborales, sociales y humanos han echado raíces más profundas, entonces  no podemos evitar concluir que la UE no es Europa, sino lo contrario de Europa. Lamentablemente, aunque son muchas las voces que piden su remodelación, lo cierto es que, por su propia naturaleza, su origen y sus servidumbres, por su inercia y por la fuente de su poder, la actual Unión Europea –que es la única realmente existente– no admite revisiones ni es reformable. Así, quienes creemos en la necesaria unión de los pueblos de Europa y del mundo para luchar por un futuro mejor vemos en la UE una institución que debe ser impugnada en su totalidad en favor de un proceso alternativo que, como tal, resulta incompatible con el actual. Un proceso que, a fuerza de democrático, no podrá dejar de ser radical.

[1]              Según el Eurobarómetro, las personas que en nuestro país consideran la pertenencia a la UE como un elemento netamente positivo han pasado de representar el 68% de la población en 2007 al 58% en 2015.

[2]             Este desmantelamiento del proteccionismo se iniciaba ya con el Plan de Estabilización de 1959 y continuó avanzando con el Acuerdo Preferencial de 1970 hasta la incorporación definitiva en la UE en 1986.

[3]             Recordemos que los costes laborales unitarios se miden a través del cociente del salario medio entre la productividad. Para lograr su contención, clave en la búsqueda de la competitividad exterior, hay dos vías complementarias: aumentar el denominador y disminuir el numerador. Lamentablemente, en el caso de España, la segunda vía ha sido la norma.

[4]             Según Eurostat, la tasa de temporalidad española alcanzó su máximo en 2006, justo antes de la crisis, momento en el que superaba a la media de la UE en casi veinte puntos porcentuales. Actualmente, esta cifra se ha reducido debido a la disminución de las renovaciones y la escasez de contratos nuevos, aunque sigue duplicando la media europea. En relación a los empleos con jornada a tiempo parcial, España mantiene cifras inferiores a las del resto del mercado común, aunque no ha dejado de crecer desde la entrada en la UE hasta triplicar en la actualidad el porcentaje existente en aquel momento.

[5]             Para más detalles sobre esta cuestión, puede verse: Del Rosal, Mario; Murillo, Javier (2015). “Acumulación y crisis en la zona euro”. En Mateo, J.P. Capitalismo en recesión. La crisis en el centro y la periferia de la economía mundial. Maia.

[6]             Se ha dado en llamar troika al triunvirato institucional formado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, un grupo cuya misión fundamental hasta la fecha ha sido imponer en el continente europeo las políticas de ajuste salarial que durante décadas pasadas fueron implantadas en América Latina, África y el sudeste asíatico.

[7]             En efecto, el PIB real per cápita de España en 1975 representaba el 77,15% y el 76,97% del promedio de los países que formarían la UE-15 y la  UEM-12, respectivamente. Datos extraídos de AMECO.

[8]             Como afirma Miren Etxezarreta: “No es que la UE funcione mal cuando perjudica al bienestar de la población, por el contrario, es que tiene que funcionar así para que los intereses del capital salgan favorecidos” (Etxezarreta, Miren (2002). “Una panorámica crítica de la Unión Europea. Un texto de divulgación”. Nómadas, 6).

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La economía capitalista: conflicto, poder… y revitalización sindical

Escrito el 20 julio, 201618 octubre, 2019

Si a cualquier estudiante de ciencias económicas se le pide que defina y ubique en el plan de estudios conceptos cómo “economía capitalista”, “poder”, “lucha de clases”, “distribución de renta y riqueza”, “sindicalismo” o “democracia económica” seguramente nos encontraremos con el decepcionante resultado de su desconocimiento o al menos de su identificación en los “márgenes” del tronco analítico central de la contabilidad, la economía de empresa, la micro y macroeconomía o la política económica. Con toda probabilidad se desconocerán profundamente corrientes de análisis económico y políticas alternativas cómo el postkeynesiano, institucionalista, neomarxista, regulacionista y radical, ecológico o feminista, de economía socialista o economía libertaria y autogestionaria, impulsadas solventemente por economistas tanto de fuera de nuestras fronteras , cómo también por multitud de economistas críticos de ámbitos académicos o sindicales en el propio Estado español.

 

Todo ello es, sin duda, una mala noticia. Sin embargo, pese a la tenaz voluntad de quienes detentan el poder académico y de discurso político en economía por marginar, esconder y silenciar dichas corrientes, la realidad es que la economía capitalista real -y desde luego las relaciones laborales existentes- aquellas que conoce cualquier persona trabajadora, se entienden principalmente con los conceptos antedichos, que se resumen en el título de este artículo, que a su vez da nombre a un curso de introducción a la economía , que a su vez se ubica en una de las corrientes citadas, de economía radical, fructífera para abordar los temas aquí planteados. En efecto, el sistema económico capitalista con sus aparatos políticos coadyuvantes, y máxime la empresa capitalista, se sustenta en lo que autores radicales denominan “dimensión vertical”, esto es, en el autoritarismo y el ejercicio del poder de los empresarios sobre los trabajadores y trabajadoras, de la patronal sobre la clase trabajadora, aspecto que condiciona y determina transversalmente las decisiones u organización de la producción, inversión y distribución entre salarios y beneficios.

 

Cómo posiblemente puede parecer muy abstracto y académico lo relatado hasta ahora, quizás con un par de ejemplos vividos sea posible engarzar la caracterización sistémica con la realidad económica y de las relaciones laborales.

 

En un caso de una mediana empresa del sector de los cuidados, sobre negociación de reducción salarial por dificultades financieras de liquidez y económicas de viabilidad, el economista de la empresa apuntaba que el peso de los salarios en la estructura de costes de la misma era muy superior al de otras empresas del sector, por lo que era imprescindible acometer la reducción salarial planteada a las trabajadoras. La respuesta de la parte social planteó que desde luego era así, pero porque la estructura salarial estaba desproporcionada por arriba, pues los cargos de dirección doblaban el nivel de salarios de referencia en la negociación colectiva sectorial, lo que implicaba que su reducción a nivel de convenio permitía cuasi-equilibrar las cuentas. Entonces se hizo el silencio en la sala y todas las presentes nos dimos cuenta que sin duda habíamos llegado al punto de expresión de un conflicto de poder, el clásico conflicto distributivo en el sistema capitalista entre salarios y beneficios -disfrazados de altos salarios- aplicado al caso recesivo de la crisis empresarial. Finalmente este conflicto se resolvió con la convocatoria de una huelga indefinida de toda la plantilla, que forzó efectivamente a la dirección a reducirse sus salarios a convenio sectorial cómo primera acción previa a evaluar otras medidas, entre otros elementos del pacto de empresa conseguido, relacionados con el control sindical productivo y económico.

 

Un sindicalismo fuerte implica mejores condiciones salariales, de empleo, protección social, equidad de género y defensa de la salud laboral, así como caminar hacia mayores equilibrios ecológicos.

 

En otro caso, un grupo empresarial del sector de la construcción de tamaño medio, planteó un despido colectivo de un tercio de la plantilla, en un contexto de muchos años de ingresos no declarados y contabilidad B, que en cualquier caso permitían la viabilidad empresarial. Este despido colectivo cómo caso paradigmático de “violencia del poder privado” utilizando términos que titulan una obra de Antonio Baylos, se tuvo que resolver judicialmente en el Tribunal Superior de Justicia, siendo ratificada la nulidad y readmisión de los despedidos por el Tribunal Supremo. A esta situación se llegó sin duda por una actitud patronal autoritaria. La postura empresarial en la negociación colectiva, defendiendo que concurría causa económica y productiva para el despido colectivo, mientras ganaban dinero de forma ilícita, desembocó en la judicialización del proceso. Se trataba pues del intento de imponer su poder de clase despidiendo a trabajadores cómo mecanismo para eliminar el sindicalismo combativo en la empresa.

 

Ni que decir tiene que, en general, la reacción sindical a las contrarreformas laborales impuestas vía parlamentaria, así como a las diferentes estrategias empresariales en casos concretos de reestructuraciones y despidos, algunos ya emblemáticos por implicar confrontación solvente ante deslocalizaciones productivas (Coca – Cola en Fuenlabrada, Celsa Atlantic en Gasteiz y Urbina, Zardoya – Otis en Mungia, etc.), nos ha dejado una pléyade de experiencias sindicales y de huelgas que bien analizadas nos ayudan para sintetizar algunas conclusiones de interés de cara al debate sobre la revitalización del poder sindical, aquel que efectivamente hace frente a la discrecionalidad del poder empresarial y patronal, elementos indisociables de la dinámica económica capitalista.

Es necesario pues que el sindicalismo combativo gane capacidad de intervención en sus múltiples dimensiones: afiliativa, militante y organizativa, programática, de capacidad de acción colectiva y confrontación con los poderes político-económicos hostiles a la clase trabajadora. Mientras que el voto ciudadano se está demostrando excesivamente voluble y escorado hacia el mantenimiento de mayorías parlamentarias que apuestan por la servidumbre al poder económico, en cambio la militancia y afiliación sindical siguen siendo la principal garantía para recuperar derechos, condiciones salariales y de empleo, consolidando orientaciones de políticas económicas que nos dirijan a mayores cotas de democracia económica y bienestar social. No en vano, múltiples analistas avalan que un sindicalismo fuerte implica mejores condiciones salariales, de empleo, protección social, equidad de género y defensa de la salud laboral, así como caminar hacia mayores equilibrios ecológicos.

Una mirada sistemática a estas reflexiones, propuestas y experiencias acumuladas, nos permite centrar algunas cuestiones fundamentales para caminar hacia una recuperación solvente del poder sindical. Sin ánimo de dejar fuera aspectos importantes, pero con objetivo de priorizar recogiendo el núcleo esencial de las fuentes imprescindibles de poder sindical, es preciso fijarse en cuatro pilares que dependen fundamentalmente del propio sindicalismo: negociación colectiva y política sindical; gestión del conflicto laboral, huelgas y repertorios de presión; política social, empleo y economía social; formación sindical, asesoría sindical y técnica, teniendo también cómo base de la arquitectura de un sindicalismo combativo, la financiación sindical.

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¿Hacia dónde va el nuevo gobierno de Brasil?

Escrito el 17 mayo, 201618 octubre, 2019

Brasil no termina de despabilarse del impacto del Impeachment y ya comienza a recorrer su nuevo camino. El flamante gobierno provisional se mueve como si fuera definitivo. Ante la prensa Michel Temer se refiere a sí mismo como “Presidente Interino” y remarca la importancia de aguardar el resultado del Juicio Político a Rousseff. En los hechos actúa como si su permanencia en el cargo hasta 2018 estuviera confirmada. En definitiva, es eso lo que toda la sociedad brasileña da por descontado. Antes de cumplirse los 180 días de iniciado el proceso, el Senado destituirá a Dilma definitivamente. Temer será el encargado de completar el inconcluso mandato.

Las primeras horas del hombre del PMDB en la Primera Magistratura ya muestran las prioridades de su Administración. Recuperar el equilibrio presupuestario y conquistar la confianza de inversores locales y extranjeros. El nuevo Superministro de Economía Henrique Meirelles no le tiene miedo a la palabra ajuste. Ya trabaja en la eliminación de ministerios, reforma del sistema previsional, reforma laboral, etcétera. La balanza fiscal negativa ha disparado el crecimiento del endeudamiento del Gobierno Federal a velocidades que no se pueden asumir. Si bien los programas sociales responden por el 50% de las erogaciones, el propio Presidente Interino ha prometido que se recortará de todos lados menos de allí. Habrá que ver si es esto matemáticamente posible. Por el momento se quiere evitar el pánico generalizado en un país que vive sumergido en una coyuntura de crisis, con contracción del PIB, aumento del desempleo y aceleración inflacionaria. En su discurso de asunción Temer sostuvo que el Estado debe dejar de entorpecer el funcionamiento de la actividad privada, declaración que resume en buena medida la visión económica del nuevo gobierno.

 

La política exterior gira bruscamente

La política exterior también gira bruscamente. Desde Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Ecuador llegaron cuestionamientos a la legitimidad democrática al proceso de Impeachment. José Serra, nuevo ministro de Relaciones Exteriores, no tardó en responder. Acusó a los países del ALBA de declarar falsedades y los instó a no entrometerse en asuntos de política interna brasileña. Posiblemente es la primera confortación directa entre Itamaraty y el bloque ideado por Hugo Chávez desde su creación.

 
Las primeras horas del nuevo gobierno encuentran al país en un estado de relativa calma. Se han registrado manifestaciones en defensa de Dilma Rousseff en São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis y Brasilia. Ninguna de ellas son convocatorias lo suficientemente masivas como para influir en el curso del proceso político.
 

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero en este caso las palabras de José Serra valen más que mil de imágenes. Si la izquierda se encontraba en retroceso en la región ahora termina de sucumbir. La séptima potencia económica mundial se cambia de equipo y deja al “bolivarianismo” aislado. Circula en los pasillos de alguna que otra cancillería la intención suspender a Brasil de los bloques regionales, como sucediera con Paraguay tras la destitución de Fernando Lugo en 2012. Nadie pierde su tiempo en Brasilia analizado esta eventualidad. Sin el gigante tanto la UNASUR como el Mercosur pasarían al desguace. La crudeza de la realpolitik se aplica al caso en forma precisa. Ninguno de los países que hoy cuestionan la legitimidad del gobierno de Michel Temer ostentan capacidades materiales suficientes para afectar la agenda brasileña. Por su peso relativo Brasil se mantendrá inmune ante eventuales embates diplomáticos de sus débiles vecinos. Guste o no, así es como funciona el sistema.

Las primeras horas del nuevo gobierno encuentran al país en un estado de relativa calma. Se han registrado manifestaciones en defensa de Dilma Rousseff en São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis y Brasilia. Ninguna de ellas son convocatorias lo suficientemente masivas como para influir en el curso del proceso político. Michel Temer es aun prácticamente un desconocido, de su capacidad para sacar a Brasil de la crisis dependerá la estabilidad y la viabilidad de su Administración.

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La Suecia de los años ochenta, a un paso del socialismo de mercado

Escrito el 5 mayo, 201618 octubre, 2019

Algo sucedió en Suecia a mediados de los años ochenta del pasado siglo que podía haber cambiado el mundo y que ha sido conscientemente ocultado. La confederación de sindicatos suecos, Landsorganisationen (LO), y el Partido Socialdemócrata Sueco (SAP) durante un siglo formaron parte del mismo proyecto social y político, lograr una plena democracia política, social y económica.

 

La primera fase, la democracia política, dio un gran paso en 1911 con la conquista del sufragio universal masculino y fue plenamente consolidada con la extensión del mismo derecho a las mujeres en 1921. Suecia fue uno de los países pioneros en el reconocimiento del voto universal.

 

La segunda, la democracia social, estaba fundamentada en la igualación de las rentas de la mayoría de la población a través de un robusto Estado del Bienestar y un sistema de negociación colectiva centralizado y solidario en el que los sindicatos jugaban un papel crucial. Esta parte del programa se desarrolló fundamentalmente desde los años 30 hasta finales de los 60. Y en esta fase tuvo un papel central Ernst Wigfors que en los años treinta ejerció de ministro de finanzas durante casi dos décadas. Aunque no es muy conocido fuera de Suecia sus textos de crítica al capitalismo y al marxismo son fundamentales para los suecos.

 

Los Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores fueron una original e inteligente propuesta para crear un nuevo espacio entre el capital privado y el capital público- el capital colectivo- con el objetivo de democratizar la economía.

 

La base de la actuación política, económica y social de la socialdemocracia sueca desde los años treinta fue la consideración de que el cauce para transformar la sociedad capitalista no era la nacionalización de la economía, sino una planificación económica en la que junto a las políticas del Estado del Bienestar también debían intervenir los agentes privados. En esa planificación de la economía tiene un papel muy importante la democratización de la inversión bajo la idea de que no deben ser los cálculos privados sobre beneficios y pérdidas los que determinen el nivel de producción y empleo de un país, ya que eso nos lleva a una economía con crisis cíclicas que fundamentalmente pagan los trabajadores que quedan desempleados. Wigfors desarrolló políticas anticíclicas cuatro años antes de la publicación de la Teoría General de Keynes, que hicieron que Suecia fuese el primer país del mundo en adoptar las modernas políticas de estabilidad macroeconómica.

 

Es importante tener en cuenta que las exitosas medidas económicas y sociales de Wigforss permitieron que la socialdemocracia sueca permaneciera interrumpidamente en el poder durante más de cuatro décadas, hasta los años setenta.

 

Una Revolución Tranquila

 

La tercera y última fase, iniciada en la década de 1970 abordó la democratización de la economía. Si partimos de la consideración de que en el trabajo es donde las personas que formamos parte de la población activa pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra jornada, no podemos considerarlo un ámbito ajeno a la democracia. La socialdemocracia sueca no se ha caracterizado por un pragmatismo poco ideologizado, imagen que se ha podido transmitir de un país alejado geográfica y lingüísticamente del centro de las corrientes de pensamiento. Nada más lejos, Suecia a mediados de los años ochenta estuvo a punto de ser el primer país del mundo en transitar democráticamente del capitalismo al socialismo, en llevar a cabo una Revolución Tranquila.

 

Los Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores fueron el pilar de la tercera fase del proyecto ideológico socialdemócrata de transformación social, que habría de permitir abandonar paulatinamente las relaciones productivas capitalistas y sustituirlas por unas relaciones productivas democráticas, esto es, socialistas.

 

La central sindical LO abrió el debate sobre la cogestión de las empresas entre los directivos y los trabajadores exponiendo abiertamente la propuesta de los Fondos de Trabajadores. A finales de los años setenta con los partidos burgueses en el gobierno, un congreso de la LO decide, para sorpresa del partido socialdemócrata, desarrollar el proyecto de los Fondos Colectivos de Trabajadores elaborado por los economistas Rudolf Meidner y Gosta Rehn, muy influenciados por las ideas de Marx, Keynes, James Meade y del propio Ernst Wigforss. Meidner y Rehn llegaron a la conclusión que los tres principales problemas de la economía sueca en aquel momento eran: 1) que se consumía más que se producía; 2) que las inversiones productivas eran muy bajas; y 3) que había un exceso de capacidad productiva en algunos sectores. Para mantener un crecimiento económico con altos niveles de empleo y baja inflación debía tenerse muy en cuenta la interrelación entre el bienestar social y la financiación empresarial.

 

Para ellos la primera causa de estos problemas era la excesiva acumulación del capital de Suecia en muy pocas familias, el latifundismo de capital, que frenaba la circulación del mismo e impedía financiar nuevas actividades productivas. En lugar de plantear una profunda nacionalización de la propiedad de gran parte de los medios de producción, que centralizaba en el Estado la gestión de gran parte de la actividad económica, como hicieron los laboristas británicos tras la 2ª Guerra Mundial, plantearon que la necesaria democratización de la inversión debía llevarse a cabo mediante instrumentos colectivos y descentralizados, los Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores.

 

En las empresas de más de 100 trabajadores, estos accederían a parte del capital de sus propias empresas de forma colectiva a cambio de una moderación salarial que tenía como objetivo no lastrar competitivamente a esas empresas. Las decisiones sobre reinversión de beneficios, creación de empleo, esfuerzo en investigación y desarrollo, etc., tendrían que compartirse de forma creciente entre los trabajadores, los directivos y los accionistas capitalistas. Ello indudablemente haría que el único factor a tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones que definen el escenario estratégico de una empresa a medio plazo no fuera la mera rentabilidad cortoplacista del capital invertido.

 

La democracia social estaba fundamentada en la igualación de las rentas de la mayoría de la población a través de un robusto Estado del Bienestar y un sistema de negociación colectiva centralizado y solidario en el que los sindicatos jugaban un papel crucial.

 

A la vez se mantenía un marco descentralizado de toma de decisiones sobre qué producir, en qué cantidad y para quién, es decir, mientras el mercado seguía funcionando como asignador de cantidades y precios, la propiedad de los medios de producción se iría colectivizando progresivamente, no nacionalizando, de forma descentralizada. Lo que se llamó “socialismo de mercado”.

 

El SAP incorporó a su programa político el proyecto de los sindicatos y concurrió a las elecciones con él. En las elecciones de 1982 Olof Pame los defendió públicamente con tanto éxito, fue uno de los temas más debatidos en la campaña, que ganó las elecciones y los puso en marcha.

 

El Gobierno sueco aprobó en 1984 una ley, que estuvo vigente durante siete años, que repartía entre los trabajadores de las empresas suecas parte del capital de nueva creación. A cambio de una cierta moderación salarial con el objetivo de que no afectara a la competitividad-precio de las exportaciones suecas y evitar que ese dinero significara unos superbeneficios de los accionistas, la empresa estaba obligada a emitir nuevas acciones que se asignaban individualmente a los trabajadores, aunque eran gestionadas colectivamente mediante esos Fondos Colectivos. Cuando el trabajador se jubilaba recibía las acciones como parte de su pensión.

 

 En 1991 el volumen total que habían alcanzado los Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores en tan solo siete años era de 2.000 millones de euros, un 7% del total de las acciones cotizadas en la Bolsa sueca. No era nada descabellado imaginar que en unos cincuenta años los trabajadores suecos alcanzarían la mayoría del capital en gran parte de las empresas suecas.

 

Lo interesante de la original experiencia sueca, además de su tranquila gradualidad, es que fue capaz de vincular al socialismo con el incremento de la riqueza individual, no solo colectiva, lo que tuvo positivos efectos en el conjunto de la sociedad. En el periodo en el que los Fondos de Asalariados estuvieron vigentes el PIB per cápita de Suecia, según datos del Banco Mundial, se multiplicó dos veces y media, pasando de 12.914 $ en 1984 a 31.374 $ en 1991. Si el PIB per cápita sueco en 1984 representaba el 76% del PIB per cápita estadounidense, en 1991 era del 128%. El desempleo en Suecia en 1990 alcanzó la ridícula cifra del 1,7%.

 

Los Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores fueron una original e inteligente propuesta que proponía crear nuevo espacio entre el capital privado y el capital público, el capital colectivo, con el objetivo de democratizar la economía.

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